La campaña de difusión sobre la elección del Poder Judicial de la Federación llevó al vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, a Jalisco, donde alentó a la población a participar activamente el 1 de junio. Estimó que un millón de personas podrían acudir a votar en el estado y exhortó a tomar los espacios públicos para invitar al electorado.

El legislador tomó la palabra frente al menos 900 asistentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, donde explicó que el proceso electoral incluirá la renovación de diversos cargos judiciales. Recalcó que “ya no será el poder ni los políticos los que decidan” y enumeró los puestos: nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, dos miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tres integrantes de la Sala Regional del TEPJ, además de 32 magistrados y magistradas, y 23 jueces y juezas de distrito.

En cuanto a la distribución de género en las candidaturas, celebró que se haya “conquistado la paridad de género” en los principales órganos judiciales. Precisó que en la SCJN se incluirán cinco mujeres y cuatro hombres; en el TEPJF, una mujer y un hombre; y en el Tribunal de Disciplina Judicial, tres magistradas y dos magistrados.

También mencionó que para el año 2027 se transformará la integración de ministerios públicos y fiscalías locales. Señaló que estos espacios son percibidos como los más ofensivos hacia la ciudadanía, y aunque reconoció la integridad de muchos funcionarios, subrayó que “la descomposición del Ministerio Público es algo que tenemos que remediar de manera inmediata”.

Posteriormente, tras finalizar su intervención en Guadalajara, el legislador reveló que otro de sus propósitos en la gira estatal es socializar una iniciativa de reforma constitucional que presentó la semana pasada en San Lázaro. El proyecto plantea eliminar el fuero a políticos y gobernadores, y ya fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Desde su perspectiva, conservar esa protección legal representa una injusticia para la población común. “Ya es realmente inaceptable que los políticos tengan una prerrogativa, una protección que los coloca como superiores y privilegiados frente al ciudadano común y corriente que recibe una denuncia de carácter penal y que se somete a una investigación de acuerdo con el código de procedimientos; y que en el caso de los políticos y gobernantes se tiene que hacer un proceso muy tortuoso que da pie a la impunidad, a la arbitrariedad, el abuso, la insolencia y abre la puerta también a la comisión de los delitos; incluso mucha gente se mete de representantes populares buscando esta protección a sabiendas de que han cometido una serie de ilegalidades en nuestro país”, reprobó en entrevista.

Así, el diputado reiteró que su meta es impulsar la reforma para quitar el fuero mientras se desarrolla el proceso electoral del PJF.