Numerosos usuarios en plataformas digitales han alertado sobre posibles fraudes en los trámites de reemplacamiento que se están llevando a cabo en el estado de Morelos. Según estas denuncias, personas conocidas como «coyotes» estarían involucradas en prácticas irregulares que terminan perjudicando a los ciudadanos.

A pesar de que Margarita González Saravia asumió la gobernatura en octubre de 2024 con la promesa de erradicar la corrupción y mejorar la eficiencia en los trámites vehiculares, las investigaciones periodísticas han demostrado que las malas prácticas continúan.

Desde el inicio de su mandato, el gobierno estatal reestructuró la Secretaría de Movilidad y Transporte, incorporándola a la Secretaría de Gobierno, y nombró a Josué Fernández Fernández como su nuevo titular. En noviembre de 2024, el funcionario admitió públicamente la existencia de cobros ilegales y tráfico de influencias dentro de la dependencia. No obstante, las quejas persistieron, y en febrero de 2025, tras varios señalamientos de ciudadanos y transportistas, Fernández fue destituido.

El secretario general de Gobierno, Juan Salgado Brito, confirmó la salida del funcionario debido a “evidencias contundentes” de actos ilícitos, aunque no detalló los hechos específicos. En su lugar, la gobernadora nombró a Jorge Alberto Barrera Toledo, exdiputado federal por Morena, con la encomienda de recuperar la confianza ciudadana y garantizar un sistema de movilidad eficiente y transparente. No obstante, a pesar del relevo en la dirección, reportes periodísticos han documentado que las irregularidades persisten.

Según denuncias expuestas en medios de comunicación, una red de gestores continúa operando en módulos de atención, con el respaldo de funcionarios, para agilizar procesos a cambio de pagos que van de los 800 a los 2,500 pesos. Esta estructura estaría encabezada por Martín Dámaso, alias «El Negro», exjefe de revista mecánica (2006-2012) y director del servicio público, privado y particular (2018-2024). Junto con colaboradores como el exsecretario de Gobierno, Héctor Pablo Ojeda Cárdenas; Federico Gómez, Fabián Figueroa, Francisco Arce Catalán, Primo Galindo Bolaños, Carlos Estrada («El Charly»), Diego Olea y Patricia Yáñez, habrían operado un esquema en el que trámites como el emplacamiento de vehículos de lujo o cambios de propietario generaban ganancias de hasta 1,250 pesos por cada cien mil pesos de valor comercial.

Problemas en la atención y escasez de placas

Además de los señalamientos de corrupción, ciudadanos han denunciado la ineficiencia en la atención. Para realizar trámites, muchos deben acudir desde las 4 o 5 de la mañana para obtener turno, sin garantía de ser atendidos. Las largas esperas han generado inconformidad y protestas, lo que evidencia una crisis de operatividad que se suma a las irregularidades reportadas.

Usuarios han declarado en medios locales y nacionales que, tras invertir horas en fila, solo reciben un permiso temporal impreso en hoja de papel en lugar de sus placas definitivas. Actualmente, la escasez de placas metálicas ha obligado a las autoridades a emitir estos documentos provisionales sin ofrecer una solución clara sobre cuándo se normalizará el suministro, lo que ha generado mayor molestia entre los automovilistas.

Este caso ha sido ampliamente cubierto por medios locales y nacionales en el marco de otros cuestionamientos a la administración estatal, que enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco.

Aunque la gobernadora González Saravia ha insistido en su compromiso con la transparencia, la permanencia de estas prácticas dentro de la Dirección de Movilidad y Transporte genera dudas sobre la efectividad de sus medidas. La presión sobre su gobierno crece ante la exigencia de acciones concretas que pongan fin a estos problemas.